La idea de convertir la sanidad pública en un negocio privado, donde las rentas altas cuenten con un seguro particular, la clase trabajadora con un seguro público de baja calidad y el resto de la población se dirija a la beneficencia, camina con determinación.
La privatización de los centros supone un aumento del gasto sanitario y pone en peligro a corto plazo el acceso equitativo de los ciudadanos al sistema de salud, considerado uno de los mejores y más baratos de Europa. Estos centros cuestan a los madrileños entre 7 y 8 veces más que los de gestión tradicional.
El objetivo que se persigue es incrementar los beneficios de las empresas concesionarias lo que implica disminuciones de plantilla y empeora la calidad de la atención prestada. Las empresas propietarias de los ocho nuevos hospitales de la Comunidad no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión (840 millones de euros), sino que este año sumarán 150 millones de ganancias. Hasta 2037 –que finalizará la concesión con la Comunidad– todo serán beneficios. Mientras, se han cerrado cientos de camas en los hospitales públicos.
El hospital de Collado Villalba, uno de los cuatro centros con gestión enteramente privada que ha promovido el Gobierno regional en los últimos años, va a costar el año que viene más de 900.000 euros al mes pese a estar cerrado.
El hospital, que gestiona Capio, está ya construido. El 1 de enero de 2013 la concesionaria lo ha puesto ha disposición de la Administración por lo que ya está generando gastos que el Gobierno regional pagará durante todo el año, pese a que el hospital no está prestando servicio.
Cada mes, Capio recibirá 775.591 euros (con IVA, 938.465 €) en concepto de seguridad, desinfección y desratización, limpieza, mantenimiento de viales y jardines, reparación, seguros, suministros, tributos, amortización y costes financieros.
Algunas fuentes han asociado recientemente a Capio con dirigentes del Partido Popular, como el exconsejero de Sanidad de Aguirre, Manuel Lamela, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro.
La anulación del Estado como garante de la salud de sus ciudadanos y su entrega a manos privadas que sólo buscan ganancias es convertir al ciudadano en cliente y no en paciente.
